Revisión de los temas de discapacidad y los ODM
17 Febrero 2012, Nueva York
En todo el mundo, más de mil millones de personas viven con discapacidad. Sin embargo, los temas de discapacidad no se han incorporado en ninguno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ni en sus metas o indicadores, representando así una oportunidad perdida de atacar las acuciantes preocupaciones de orden social, educativo, de salud y económico de este amplio segmento de la población mundial. Éste fue uno de los puntos principales que abordó un informe reciente del DAES de la ONU.
Publicado en diciembre de 2011, el informe Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una revisión del proceso de los ODM y estrategias para la inclusión de los temas de discapacidad en los esfuerzos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, examina los ODM y su relación con los temas de discapacidad, con miras a influir en la agenda de desarrollo post-2015.
Los ODM representan un esfuerzo concertado para hacer frente a la pobreza mundial. Sin embargo, existe una gran contradicción en los ODM actuales, pues las personas con discapacidad—el 15 por ciento de la población mundial que vive con una o más afectaciones físicas, sensoriales, intelectuales o de salud mental—no se mencionan en ninguno de los 8 Objetivos ni en sus 21 metas o indicadores, ni en la misma Declaración del Milenio.
Esta ausencia levanta particular preocupación dado que existe cada vez mayor consenso entre quienes apoyan a causa de la discapacidad, los expertos e investigadores en la materia que revela que el problema más acuciante que enfrentan las personas con discapacidad no es su discapacidad en sí, sino su falta de igualdad para acceder a recursos tales como educación, empleo, servicios de salud y los sistemas de apoyo social y jurídico. El resultado es que las personas con discapacidad padecen mucho mayores niveles de pobreza.
No sólo cabe destacar el vínculo entre discapacidad y pobreza; además, el tamaño de la población con discapacidad a nivel mundial hace que esos vínculos sean un tema que preocupa en particular a quienes trabajan en temas de pobreza. Este claro vínculo entre discapacidad y pobreza significa que los ODM son relevantes para las personas con discapacidad, y debe incluírseles en todos los esfuerzos de los ODM.
Las personas con discapacidad han sido históricamente soslayadas en los círculos dedicados al desarrollo internacional y salud a nivel mundial, porque se ha tenido la visión equivocada de que son personas cuyas vidas se definen en términos de sus necesidades médicas y de rehabilitación (el modelo médico) o personas que se consideraban receptores adecuados de apoyos sociales y económicos (el modelo de caridad). Pero hoy ha surgido un nuevo “modelo social de discapacidad”, que brinda un entendimiento más claro de las limitaciones que confrontan las personas con discapacidad y que refleja los obstáculos sociales, culturales y económicos que no son inherentes a vivir con una discapacidad. Esta visión se ha fotalecido, además, mediante la adopción de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte de la Asamblea General de la ONU en 2006.
La ONU ha desempeñado un papel fundamental en la perspectiva que hoy se tiene sobre las personas con discapacidad. “Durante las últimas décadas, la ONU ha cambiado sus definiciones para pasar de ´discapacitado’ y ‘persona discapacitada’ hasta la actual de ‘persona con discapacidad’. Hoy nos concentramos en la persona. Me parece que esto es un logro enorme,” declaró Daniela Bas, Directora de la División de Políticas Sociales y Desarrollo del DAES en una entrevista reciente con DAES Noticias.
El informe tiene la intención de ofrecer una “hoja de ruta” sobre la manera y la razón por las que puede y debe incluirse la discapacidad en la planeación, monitoreo y evaluación de los programas y políticas relacionados con los ODM. Para las personas con discapacidad, esta falta de inclusión representa más que una oportunidad perdida: un cuerpo de datos y opiniones de peso cada vez mayor argumenta que, a menos que se incluya a las personas con discapacidad, ninguno de los ODM se habrá cumplido para la fecha límite del año 2015.
Informe de la ONU sobre juventud mundial resalta desafíos del empleo
Una recuperación coherente debe implicar la creación de empleos
Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores que adoptaron el Pacto en junio de 2009 reconocieron la urgente necesidad de reducir el riesgo del desempleo de larga duración y la extensión del empleo informal, fenómenos que son difíciles de invertir. Convinieron en poner el empleo pleno y productivo y el trabajo decente en el centro de las respuestas a la crisis, sugiriendo una variedad de posibles respuestas de política.
Algunas de las recomendaciones específicas del Pacto
El Pacto hace un llamado a:
impulsar la demanda efectiva y contribuir al mantenimiento de los niveles salariales incluso por medio de paquetes de estímulo macroeconómico;
ayudar a quienes buscan trabajo:
(i) aplicando políticas activas de mercado de trabajo eficaces y bien focalizadas;
(ii) mejorando las competencias y aumentando los recursos a disposición de los servicios públicos de empleo, de manera que quienes buscan trabajo reciban un apoyo adecuado y que cuando estos servicios colaboren con agencias de empleo privadas, se aseguren de la calidad de los servicios que éstas prestan y de que se respeten los derechos de los trabajadores; y
(iii) poniendo en práctica programas de formación profesional y de desarrollo de competencias empresariales tanto para personas con empleo asalariado como para personas con autoempleo
hacer inversiones en el desarrollo de las competencias laborales, el perfeccionamiento profesional y la readaptación profesional de los trabajadores para mejorar la empleabilidad, en particular de quienes han perdido su trabajo o corren el riesgo de perderlo y de los grupos vulnerables
limitar o evitar la pérdida de puestos de trabajo y apoyar a las empresas para que puedan conservar su fuerza de trabajo, por medio de mecanismos bien concebidos que se pongan en práctica a través del diálogo social y la negociación colectiva. Entre estos mecanismos se podrían incluir el trabajo compartido y las prestaciones de desempleo parcial
apoyar la creación de empleo en todos los sectores de la economía, reconociendo el efecto multiplicador de los esfuerzos focalizados
reconocer la contribución de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y de las microempresas a la creación de empleo, y promover medidas como el acceso a un crédito asequible que les permita asegurar un entorno favorable para su desarrollo
reconocer que las cooperativas, desde las muy pequeñas a las grandes multinacionales, proporcionan empleos en nuestras comunidades, y aportarles un apoyo específico adaptado a sus necesidades
utilizar sistemas públicos de garantía del empleo que ofrezcan empleo temporal, programas de obras públicas de emergencia y otros mecanismos de creación directa de puestos de trabajo que estén bien orientados e incluyan a la economía informal
establecer entornos normativos que sean favorables y propicios a la generación de empleo a través de la creación y el desarrollo de empresas sostenibles;
aumentar las inversiones en infraestructura, investigación y desarrollo, servicios públicos y producción y servicios «verdes» como herramientas importantes para crear empleos y estimular una actividad económica sostenida.
Reforma del sistema de cobertura sanitaria para jubilados (MEDICARE)
Antecedentes
Tras la aprobación por el Congreso en 1965 del programa Medicare, el presidente Lyndon Johnson dijo: "No se negará a los estadounidenses mayores de edad, el milagro de la medicina moderna". En la actualidad Medicare en muchas sentidos ya no se mantiene a la par con los adelantos médicos modernos. Aunque su cobertura para servicios de medicina preventiva ha sido ampliada significativamente durante los últimos cinco años, Medicare aún ofrece prestaciones basadas en el paquete más popular de Blue Cross/Blue Shield de la era del Presidente Johnson, en realidad un estándar de excelencia inadecuado.
El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha manifestado que al igual que las pensiones de la Seguridad Social, Medicare representa una promesa que el Gobierno ha hecho a sus ciudadanos de la tercera edad, "una promesa que debemos renovar su cumplimiento día a día". "La modernización y preservación del programa Medicare debe estar entre las prioridades más urgentes de este país".
Para muchos ancianos, Medicare no ofrece las opciones de cobertura que muchas personas con seguros privados médicos están acostumbradas a recibir. Uno de los mayores fallos de la cobertura actual de Medicare es que no cubre las medicinas que requieren receta médica, en el caso de los pacientes ambulatorios.
Situación actual
Aproximadamente el 98%de los planes privados de seguro médico ofrecen medicamentos con receta o un límite en los gastos que pagan los asegurados como parte integral del paquete de prestaciones. Las compañías privadas de seguro médico reconocen la importante función del tratamiento con medicamentos de la atención médica. A menudo los medicamentos pueden consistir en terapias económicas preventivas que evitan la necesidad de hospitalizaciones largas y costosas y otros tratamientos de carácter urgente o intensivos.
La necesidad de reforma del Medicare no está relacionada solamente con la condición financiera del Programa o la falta de cobertura adecuada, quizá de igual importancia es la complejidad e inflexibilidad de la propia burocracia de Medicare. El actual sistema tiene cada vez más y más páginas de reglamentos, regulaciones administrativas y otras directivas interminables emitidas mensualmente y a menudo desconcierta y frustra tanto a los proveedores de los servicios médicos como a los beneficiarios del sistema.
El sistema actual es demasiado complejo, centralizado y burocrático y todos los años se complica aun más, según la Administración Bush. Los reglamentos agobiantes y otras directivas del Gobierno federal obligan a que los proveedores dediquen menos tiempo a sus pacientes para cumplir trámites burocráticos, excesivos y complejos.
La excesiva complejidad administrativa de Medicare también le hace vulnerable al fraude y el abuso. En 1999 el Inspector General del Departamento de Salud y Asuntos Sociales determinó que Medicare realizó pagos inadecuados de más de 13.000 millones de dólares. Dada la complejidad de Medicare, a menudo es difícil determinar dónde acaban los errores sinceros y dónde toma carta de naturaleza el fraude abierto y declarado. La Oficina General de Contabilidad (GAO) concluyó en enero de 2001, en su Informe actualizado sobre Altos Riesgos en la Administración de Financiamiento de la Atención Médica (HCFA por sus siglas en inglés), que "carece de suficiente información sobre los sistemas de pago recientemente diseñados para determinar si los proveedores están siendo pagados adecuadamente por los servicios que prestan".
Mantener el programa del Medicare para futuras generaciones de beneficiarios requerirá que el Gobierno federal haga un esfuerzo sincero y franco para tratar de resolver estos problemas. La Reforma de Medicare también requerirá reformar el HCFA. Esto conllevará utilizar todas las estrategias apropiadas para mejorar la calidad de las opciones de atención a la salud para los beneficiarios en lugar de depender de regulaciones cada vez más estrictas y sistemas de precios múltiples y arbitrarios.
Actualmente, Medicare cubre apenas el 53% de los gastos médicos anuales de las personas mayores. El programa Medicare está agobiado por una gran complejidad burocrática, y funciona de manera no competitiva e ineficiente, según la Administración Bush. Además, el programa carece de la flexibilidad necesaria para funcionar de otra manera.
o Aunque se han ampliado significativamente los servicios de atención preventiva ofrecidos bajo Medicare aún son insuficientes para ayudar a que los ancianos de hoy permanezcan saludables y, por lo tanto, eviten una atención médica más costosa en el futuro.
o Los servicios rutinarios tales como los reconocimientos médicos anuales, exámenes de la vista y los audífonos no están cubiertos;
o Tiene una estructura de distribución de los costos con pagos de tarifas por servicios que aún hace que los ancianos sean vulnerables a altos costes y que incide negativamente para asegurar el uso adecuado de la atención médica.
o Actualmente mantiene fondos fiduciarios separados, uno para atención a los pacientes internados en hospitales y para aquellos en período de recuperación y otro para los honorarios médicos y otros costes del tratamiento ambulatorio. Esta separación puede llevar a conclusiones falsas sobre la financiación del Medicare y refleja una era distinta en la medicina.
Razones financieras para realizar las reformas
Además de la manera en que el Medicare deja de prestar la atención médica adecuada que merecen los ancianos existe evidencia irrefutable de que la situación financiera de Medicare está en camino de la bancarrota, según la Administración Bush. Al igual que la Seguridad Social, el financiamiento a largo plazo de Medicare está dictado por significativas tendencias demográficas que comenzarán a tomar forma en unos diez años.
Entre el año 2010 y el 2030 el número de personas de 65 años o más edad, aumentará de 39.7 millones a 69.1 millones lo cual constituye un promedio de un millón y medio de ancianos adicionales al año, durante 20 años. Los actuarios del Medicare prevén que durante ese mismo periodo los gastos del Programa se incrementarán de $324 mil millones a $694 mil millones en dólares constantes del año 2000.
Este cambio en las características demográficas de la población se iniciará con la jubilación de aquellos nacidos durante el auge de la natalidad (baby boom). Los grandes adelantos del Siglo XX en las áreas de salud y bienestar traerán como consecuencia aumentos significativos en la expectativa de vida durante el Siglo XXI. Los expertos en demografía vaticinan sobre la base de sus proyecciones que las personas nacidas en el año 2000 vivirán hasta la edad de 76 años de promedio, un aumento de casi seis años al compararse con las personas nacidas en 1970.
Como resultado de ello, se calcula que habrá un cambio permanente en la relación de trabajadores a beneficiarios del Medicare, pasando de 4.0 trabajadores en la actualidad a 2.3 en el año 2030 y 2.0 en el 2070. Estas tendencias demográficas alterarán drásticamente los desembolsos tanto de la Seguridad Social como del Medicare pero, probablemente, el problema será aún más pronunciado en el caso de Medicare debido a los aumentos proyectados en el coste de la atención médica por beneficiario. Se calcula que los desembolsos per cápita de Medicare superen con mucho el índice de precios al consumo durante los próximos 25 años.
Estas tendencias demográficas están teniendo un impacto negativo en todo el programa, lo cual crea una necesidad crítica de concentrarse en la solvencia del Medicare, en su integridad.
Mientras que es cierto que se proyecta un superávit en el Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario durante los próximos diez años, concentrar tanta atención en solamente uno de los dos fondos fiduciarios del programa, que representa apenas el 60% de los gastos totales del Medicare, es conceptualmente incorrecto. Una evaluación completa de la situación financiera de Medicare muestra que los gastos sobrepasan el total de los ingresos (descontados de las nóminas) y las primas actualmente destinadas a Medicare, y se calcula que esa "disparidad financiera" aumente drásticamente. Esta disparidad fue de 51.000 millones de dólares en el año 2000 y aumentará hasta llegar a 216.000 millones (en dólares constantes) en el año 2020, y 368.000 millones de dólares en el año 2030. Actualmente, el superávit de Medicare no sólo es inexistente, sino que existe un gran déficit.
Aún sin el grave problema financiero, la modernización de Medicare es necesaria para asegurarse que los beneficiarios reciban atención médica de alta calidad. Pero el amenazante déficit financiero hace que las reformas sean aún más urgentes. Para que tenga éxito la reforma se debe mejorar substancialmente el financiamiento a largo plazo del Medicare.
La estrategia del presidente Bush para mejorar y fortalecer Medicare
El presupuesto, en combinación con un esfuerzo sistemático por cambiar el anticuado programa de Medicare y su administración, dedicará 156.000 millones de dólares este año 2003 y durante el transcurso de diez años, para la modernización requerida urgentemente, que incluirá la disposición de un plan integrado de medicamentos con receta.
El Presidente Bush piensa reformar Medicare sobre la base de los siguientes principios:
o Mantener la garantía actual de acceso de las personas mayores al Medicare. o Cada beneficiario de Medicare debe contar con alternativas de planes de seguro médico, entre ellas la opción de inscribirse en un plan que cubra los medicamentos con receta. o Medicare debe cubrir los gastos médicos de las personas mayores de bajos ingresos. o La reforma debe proporcionar acceso eficiente a la más reciente tecnología médica. o No deben aumentarse los impuestos sobre la nómina salverdana, para Medicare. o La reforma debe establecer una manera de cuantificar de manera exacta la solvencia de Medicare.
El presidente Bush propone un programa interino para brindar asistencia inmediata a las personas mayores más necesitadas hasta que se promulguen y lleven a cabo las reformas de Medicare. Asimismo, considera esencial brindar ayuda a las personas mayores en la actualidad. Piensa que es igualmente esencial que el Gobierno y ambos partidos en el Congreso colaboren para asegurar que la reforma de Medicare produzca un mejor programa que sea financieramente racional.
La propuesta de reforma del presidente Bush incluye:
o Fondos para una ayuda inmediata que se distribuirán entre los Estados para ofrecer asistencia a corto plazo y rápida a los ancianos de bajos ingresos para pagar todo o parte del coste de los medicamentos con receta y cobertura de los medicamentos en caso de situaciones económicamente catastróficas para todas las personas mayores.
o Cobertura de medicamentos con receta para las personas mayores cuyos ingresos equivalen al 135% del nivel de pobreza, sin primas o co-pagos nominales. La propuesta del Presidente también dispone la cobertura parcial para aquéllos que se encuentran entre el 135 y el 175% del nivel de pobreza.
o Fondos para que los estados brinden cobertura en caso de enfermedad grave a todas las personas mayores con más de 6,000 dólares de gastos propios en medicamentos al año.
El presidente de los Estados Unidos, según Thomas A. Scully, administrador de los Servicios de Medicare y Medicaid dentro del Departamento de Salud y Asuntos Sociales (Health and Human Services), ha utilizado el foro de la declaración del Estado de la Unión del día 28 de enero de 2003 para proclamar que la reforma de Medicare (para las personas mayores) constituye una de sus prioridades más urgentes a escala nacional.
El presidente Bush ha ido mas allá de prometer nuevos subsidios federales para ayudar a las personas mayores a que los medicamentos sean menos onerosos. Ha dicho que estas medidas, sin frenar los altos costes de las medicinas, están abocadas al fracaso. Al mismo tiempo urgió al Congreso para que se reestructure el programa para pasar de un sistema de Fee for Service, sistema tradicional seguido hasta ahora, a un sistema de seguros privados.
Bajo el plan de la Casa Blanca, las compañías de seguro venderían el programa Medicare incluyendo prescripciones médicas. Estas empresas competirían entre sí y con el plan tradicional de Fee for Service. Se espera que algunas compañías ofrezcan precios más bajos y mejores prestaciones. Para alentar a las personas mayores a participar el Gobierno subsidiaría una parte de las pólizas de seguro. Este cambio trasladaría una mayor carga de los futuros incrementos de precios a las personas mayores y fuera de la esfera del contribuyente en general. El Senador Don Nicles, Republicano por Oklahoma y presidente del Comité de Presupuestos del Senado, aliado de la Casa Blanca, ha manifestado que "no podemos dejar a nuestros hijos un sistema que no esté saneado financieramente".
Críticas al Plan Bush
Los demócratas e, incluso, algunos republicanos no aceptarán estas propuestas. Están preocupados de que el nuevo sistema no ahorrará mucho dinero, incluso que sería peor el remedio que la enfermedad dado que las personas más enfermas se quedarían en el sistema tradicional. Asimismo argumentan que anteriores experimentos para reformar el sistema con los Health Maintenance Organizations, han fracasado. Max Baucus, el Senador Demócrata por Montana y que forma parte del Comité de Finanzas del Senado, ha manifestado que no apoyará un sistema reformado usando planes privados de seguro, concretamente a través de la Asistencia Sanitaria Dirigida (HMOs, siglas en inglés).
Los aliados y partidarios de la Casa Blanca arguyen que subvencionar las prescripciones médicas como objeto único de una reforma de Medicare es demasiado oneroso y que tendría que ser parte de un sistema general más eficiente. Los gastos farmacéuticos suben un 10% cada año. El precio del plan inicial del presidente Bush sería de 180.000 millones de dólares en un periodo de 10 años. Los expertos en estos temas estiman que un subsidio del 20% a las prescripciones médicas costaría más de 400.000 millones de dólares.
La pregunta que se hacen los expertos en estos temas es si el Congreso podrá alcanzar un compromiso en 2003 después de haber fracasado tantas veces en el pasado. Una personalidad importante, el Senador John B. Breaux Demócrata por Louisiana, ha tratado de sacar adelante la reforma por años. A diferencia de Baucus, Breaux se inclina por una reforma general del Programa en vez de solamente añadir un subsidio para ayudar a compensar los altos precios de los medicamentos. Otro jugador de peso en esta batalla es la ARPP, el lobby de las personas mayores. John Rother director del Departamento de Política, ha indicado que la ARPP apoyará algunas reformas pero que no se trata de dañar los intereses de las personas que quieren el sistema de "Fee for Service" de Medicare, también llamado tradicional. Otra voz crítica es el líder de la mayoría del Senado, Bill Frist Republicano por Tennessee, comprometido en la reforma de Medicare.
Los congresistas expertos en este tema, piensan que las probabilidades de que la reforma pueda ser legislada este año es del 50%. Si el presidente Bush se lo propone se podría llevar a cabo algún tipo de reforma y poder adjudicarse el mérito en 2004, de ayudar a las personas mayores a pagar los medicamentos. Esto podría neutralizar el fuerte movimiento de los demócratas en aquellos estados en donde existe un gran número de retirados como en Pennsylvania y Florida.
La gran pregunta es si el Presidente, que tendrá que ocuparse de Iraq, la guerra contra el terror y una batalla en torno a la reducción de impuestos, tendrá tiempo para ocuparse de este tema. En el discurso del Estado de la Unión, dentro de la parte dedicada al "Conservadurismo con Compasión", el presidente George W. Bush calificó el programa Medicare como "el eje central en torno al cual se aglutina la voluntad nacional de una sociedad que quiere darse hacia los demás". A pesar de estas frases tan rimbombantes, el presidente Bush ha señalado su intención de lanzar un asalto al programa Medicare.
Medicare, en la actualidad, cubre a las personas mayores confiriéndoles dos tipos de derechos. Uno, el derecho a optar por unos servicios médicos especificados y el otro, el derecho a elegir entre diferentes proveedores de servicios médicos, en lo que se considera la manera tradicional, es decir, de pagar individualmente por cada servicio prestado.
A pesar de las promesas y declaraciones del presidente Bush, de que las personas mayores podrán seguir cubiertas por Medicare igual que lo están actualmente, el plan según algunos analistas representa una profunda amenaza a estos dos tipos de derechos adquiridos. El Presidente, según sus críticos, esta indicando su voluntad de romper la fundamental promesa del Programa que es la de proveer la misma cobertura a todos los beneficiarios sin tener en cuenta los ingresos de estas personas.
El presidente Bush ha propuesto, en unas recientes declaraciones, añadir nuevas prestaciones al Medicare tales como subvencionar las prescripciones médicas pero, según sus críticos, limitando estas ayudas a aquéllos que optan por tener sus cuidados médicos a través de planes privados de asistencia sanitaria. En otras palabras, las personas mayores que no están satisfechas con el sistema actual, dado que no cubre el pago de las medicinas, no podrán conservar el plan actual viéndose forzados a elegir entre planes de asistencia sanitaria privados que provean o subvencionen las medicinas, pero que puedan recortar otras prestaciones médicas que reciben en la actualidad a los mismos precios y niveles de calidad. Tampoco se ve que exista alguna garantía de que se pueda optar o acceder sin cortapisas a estos planes entre los diferentes proveedores. De hecho se piensa que dicha garantía quedará seriamente erosionada.
El plan de Bush para Medicare refleja dos realidades políticas en conflicto, la creciente presión de proveer medicamentos a las personas mayores y la implacable oposición de los laboratorios farmacéuticos a la tasa de reembolso o control del precio de los medicamentos para contener los gastos generales del programa.
Existe un fallo estructural en la solución de compromiso del presidente Bush con respecto a Medicare. Dado que no se ofrece un subsidio generoso por parte de la Administración, las compañías privadas que ofrecen planes de asistencia sanitaria se resisten a ofrecer un plan médico que cubra los medicamentos a precios asequibles a las personas mayores ya que las personas que escojan tales planes son las que incurren en mayores gastos de medicinas. El plan de Bush ofrece la posibilidad a estos proveedores de asistencia sanitaria de que escatimen otros servicios de Medicare para compensar los gastos incurridos en las prescripciones médicas.
El concepto de competitividad entre varios proveedores de servicios médicos es algo central en el plan del presidente Bush para reformar Medicare. A estos proveedores se les permitirá competir entre ellos y con el programa del Gobierno. Para fomentar dicha competencia el Gobierno ofrecerá a los beneficiarios la opción de entrar al programa tradicional de Medicare o participar en seguros privados de asistencia sanitaria aprobados por el Gobierno para dispensar estos servicios subvencionando la Administración una parte de la póliza. En teoría, la competencia entre los proveedores de servicios médicos podría hacer bajar los costes de estos servicios. Pero para que esto suceda en realidad, es decir, para aumentar la eficiencia en vez de reducir la calidad, todos los planes que entraran en competencia tendrían que ofrecer los mismos servicios garantizando que la competencia se enfocara en precios y calidad de los servicios ofrecidos, pero no en diferencias en la cobertura.
Incluso una propuesta bien construida para añadir el elemento de la competencia al Programa Medicare no haría mucho por solventar el problema financiero a largo plazo del mismo. Los críticos de Medicare manifiestan que los costes están fueran de control a causa de la mala administración burocrática y la excesiva generosidad de los servicios ofrecidos pero la evidencia no concuerda con estas interpretaciones. Dos factores alimentan el incremento de los costes de Medicare, el envejecimiento de la población y el hecho de que el gasto de asistencia sanitaria debido a la demanda de estos servicios y las nuevas tecnologías y adelantos, están aumentando mas rápidamente que la economía en general.
Medicare se enfrenta a un futuro déficit incluso si los costes per cápita continúan creciendo al mismo ritmo que los gastos en asistencia sanitaria privada per cápita. La promesa del presidente Bush de proponer gastar 400.000 millones de dólares para Medicare en los próximos diez años no cerrará la brecha entre gastos e ingresos y, mucho menos, financiar el pago de los medicamentos.
A su llegada a la Casa Blanca, el presidente Bush rechazó las propuestas demócratas de dedicar una parte del proyectado superávit para paliar el déficit de Medicare pero los mismos han desaparecido debido a cortes impositivos del Presidente. El plan de Bush de introducir el elemento de la competitividad no solamente no será capaz de recuperar los recursos perdidos sino que socavará los dos tipos de derechos adquiridos tal como se ha enunciado antes.
Última intervención de la Casa Blanca sobre la reforma de Medicare
La Casa Blanca, el 4 de marzo de 2003, dio a conocer finalmente su plan para reformar Medicare mencionando el hecho de que dicho plan proporcionaría prescripciones médicas con receta y servicios de medicina preventiva a las personas que formaran parte de los planes de seguro privados. Estas prestaciones médicas serian muy importantes por lo que las personas mayores se sentirían incentivadas a formar parte de estos planes privados. El presidente Bush expuso su plan ante la American Medical Association en el Washington Hilton. Esta exposición fue de tipo general y sin dar detalles específicos.
Mas del 85% de los 40 millones de beneficiarios de Medicare están en la actualidad recibiendo servicios en la modalidad original que se llama "Fee for Service", es decir, pago por cada servicio médico individual prestado, que se traduce en tener una gran libertad en la elección del médico o proveedor de servicios de asistencia sanitaria pero que no ofrece medicamentos fuera del hospital. Los congresistas demócratas han atacado estos planes como insuficientes e inadecuados.
La Casa Blanca ha manifestado que la inclusión de los medicamentos dentro de estos planes podrían entrar en vigor el 1 de enero de 2006 si el Congreso pasara la legislación necesaria este año. Para solucionar este problema el presidente Bush propondría una tarjeta de descuento para las todas personas mayores que necesitan prescripciones médicas y un subsidio de 600 dólares para los participantes de bajos ingresos para sufragar, en parte, los costes de los medicamentos. La Administración quiere de esta manera reducir el precio de las medicinas entre un 10% y un 25% de acuerdo con la propuesta actual que, con toda seguridad, cambiará de nuevo antes de convertirse en ley y ello si llega a convertirse.
Dentro de la propuesta de la administración Bush de planes de pensiones privados, fórmula por la que se ha optado en vez de otras, los participantes tendrían servicios adicionales como la medicina preventiva, incluyendo las que afectan al cáncer sin deducibles o copagos. Además se añadirían nuevas medidas para combatir las enfermedades graves y terminales, según ha propuesto el Senador Charles E. Grassley, Republicano por Iowa.
Si bien algunas compañías de seguros médicos como Aetna, han favorecido estas propuestas, el Senador Edward M. Kennedy, Demócrata por Massachussets, ha dicho que la propuesta del Presidente Bush está seriamente viciada de origen dado que las personas mayores tendrán que abandonar el plan tradicional para poder obtener las medicinas sin desembolso alguno o mínimo por parte del paciente. Nuevos estimados de la Congressional Budget Office muestran que las prescripciones médicas durante la siguiente década alcanzarán la cifra de 1.800.000 millones de dólares y no los 400.000 millones mencionados por el presidente Bush. El razonamiento del presidente Bush es que la participación en estos planes privados, ofrecerá más opciones a las personas mayores y una adaptación a los rápidos cambios de la medicina incluyendo las nuevas tecnologías.
Los demócratas y muchos republicanos han manifestado su oposición a este plan que se basa desproporcionadamente en planes privados de asistencia sanitaria. Muchos Health Maintenance Organizations, HMOs, han optado en los 5 últimos años por no colaborar con Medicare al considerar que los reembolsos por los servicios sanitarios prestados a estos pacientes eran inadecuados. En la actualidad, los HMOs deciden condado por condado si aceptan o no a los pacientes de Medicare. En 12 Estados, estos beneficiarios de Medicare no tienen acceso a los HMOs y muchos condados solamente tienen un plan privado de asistencia sanitaria para las personas mayores. En contraste, con el plan del presidente Bush la nación estaría dividida en 10 regiones y el Gobierno firmaría contratos con varias compañías que ofrecieran estos planes de asistencia sanitaria en cada región.
El Senador Grassley ha mencionado que el monto monetario de las medicinas que se reciben por medio del llamado plan tradicional (Fee for Service) ha de ser equivalente a lo que ser reciba de acuerdo a los nuevos planes aunque pudiera no ser exactamente igual. Los demócratas van mas allá en esta polémica, todavía no terminada, y pretenden que el plan tradicional tenga el mismo valor en medicinas que los planes privados. La Senadora Debbie Stabenow, Demócrata por Michigan, ha dicho que "cuando el presidente Bush habla de la reforma del programa Medicare en realidad se refiere a privatizar el programa". Los demócratas en el Congreso piensan iniciar legislación para cubrir las prestaciones de medicinas y que sería del orden de 700.000 a 900.000 millones de dólares. Los senadores demócratas piensan que una cantidad de alrededor de los 600.000 millones sería suficiente para los próximos 10 años.
Los economistas versados en temas de asistencia sanitaria han manifestado que el plan propuesto por el presidente Bush será una bonanza para las compañías farmacéuticas y los HMOs. Marylyn Moon, una economista del Urban Institute, ha manifestado que el plan Bush dará una tremenda fuerza al poder negociador de las compañías de seguros de asistencia sanitaria.
La propuesta de Bush sigue siendo vaga en muchos aspectos, incluyendo las condiciones para los aseguradores. Tricia Neuman, vicepresidente de la Kaiser Family Fundation ha dicho que el plan Bush representará una gran bonanza económica para las compañías de seguros o de lo contrario se espera que muy pocas participarían para que el plan propuesto pueda funcionar. Bruce C. Vladeck, antiguo vicepresidente, con Bill Clinton, de la agencia federal que gestiona el programa Medicare, ha manifestado que el plan Bush es "el plan que las compañías farmacéuticas hubieran diseñado ellas mismas".
Si la propuesta del presidente Bush es promulgada por el Congreso de los Estados Unidos se traducirá en grandes ganancias económicas para las compañías que han sufragado las campañas electorales de los republicanos. El Center for Responsive Politics, por medio de sus interlocutores ha manifestado que en las dos ultimas elecciones legislativas combinadas, los laboratorios farmacéuticos han dado 30 millones de dólares a los republicanos y 8 millones a los demócratas. Los HMOs han donado por su parte 10 millones a los republicanos y 5 millones a los demócratas en el mismo periodo.
Por su parte, la Administración responde que las críticas a su nuevo plan ignoran los beneficios que obtendrían los pacientes de Medicare que tendrán un mayor acceso a los medicamentos y mejores oportunidades de elegir una compañía aseguradora. Thomas A. Scully, administrador de los Centros de Medicare y Servicios de Medicaid (asistencia sanitaria para personas de bajos ingresos) es contrario a las observaciones de los críticos de la Administración y sostiene que la competitividad de los planes privados para proveer servicios médicos resultará en la misma prestación pero a un precio inferior, tanto para el Gobierno como para el paciente.
El plan de Bush hará también bajar los precios de los medicamentos a través de la competitividad. Karen Ignagni, presidente de la Asociación Americana de Seguros Médicos, piensa que los HMOs mejoran la calidad de los cuidados médicos al poner el énfasis en la importancia de la medicina preventiva y el uso de productos farmacéuticos genéricos. En resumen, puede decirse que la nueva propuesta de la Casa Blanca de reformar el programa Medicare no hace nada por acortar las diferencias en el Congreso de los Estados Unidos que repetidamente han impedido reformar Medicare aunque el punto de la financiación de los medicamentos ha sido una propuesta clave en las campañas electorales de los dos partidos.
Los demócratas han vuelto a criticar el plan como un intento de privatizar la asistencia sanitaria en lo que se considera un derecho adquirido. Otros republicanos importantes han dicho que esta versión actual de reforma no pasará en el Congreso a no ser que la propuesta sea más generosa con las prescripciones medicas. El punto clave según el congresista W.J. "Billy" Tauzin Republicano por Louisiana, presidente del Comité de Energía y Comercio del Congreso, es "que a las personas que prefieran permanecer dentro del sistema tradicional hay que darles una cobertura adecuada".
Fuente: Actualidad Internacional Socio-laboral Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España
Publicada la sexta edición, 2012, del Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos (BISSI)
AN evalúa propuesta de prestaciones sociales
POLÍTICA | 22/02/2012 04:15:30 p.m
En la elaboración de la nueva Ley Orgánica del Trabajo también se analizarán los derechos pre y post natal contemplados en el actual marco legal
ÚN | AVN.- El Parlamento evalúa la propuesta de la retroactividad de prestaciones sociales, manifestó el diputado y miembro de la comisión presidencial para la elaboración de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Braulio Álvarez.
En declaraciones publicadas en el portal web de la Asamblea Nacional, el parlamentario Álvarez explicó que el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales "es un derecho que en la actualidad está tomándose en cuenta realmente como un elemento de seguridad de Estado y que además está siendo abonado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, con el pago de pensiones para pescadores y pescadoras, así como para campesinos y campesinas", dijo.
Álvarez dijo que la comisión cumplirá una agenda de asambleas, marchas, foros y recorridos por todo el país para enriquecer la propuesta legal.
aría: Reducir jornada laboral a 6 horas es insostenible
ECONOMÍA | 22/02/2012 11:29:00 a.m.
El diputado del Psuv, Jesús Faría, vicepresidente de la Comisión de Finanzas se inclina por mantener jornada laboral en 8 horas
Jesús Faría, diputado Psuv (Créditos: Federico Parra)
César Contreras Altuve | ÚN.-
Caracas. Una reducción de la jornada laboral desde las actuales ocho horas diarias a seis horas, no sólo es "negativo", sino que resulta "imposible" en este momento, afirma el economista y diputado Jesús Faría, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN). Por tanto, Faría se pronuncia por el mantenimiento de la jornada laboral en ocho horas.
Considera que una economía atrasada y subdesarrollada como la venezolana, "lo que necesita es más trabajo. Reducir la jornada laboral sería insostenible para empresas que, por lo general, son muy improductivas, e incluso para el Estado", precisó.
El primero de mayo del año pasado, el Presidente de la República, Hugo Chávez, señaló que por ahora no es necesario reducir esa jornada a seis o siete horas.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) está proponiendo, en el marco de la discusión de la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), una reducción de la jornada a seis horas.
Faría explica que una reducción a seis horas "en una economía como la nuestra en la actualidad, que tiene escasa posibilidad para generar empleo, generaría una perturbación y un daño que quizás sería irreparable para el país".
Señala que cuando la economía venezolana sea más productiva, pudiera avanzarse hacia "niveles cualitativamente superiores de distribución de la riqueza que implica eso: reducir la jornada con igual salario".
Faría recuerda que Carlos Marx dijo que el socialismo requiere de productividad, modernización y fortaleza económica.
Castigos. Faría plantea que la nueva LOT debe incluir sanciones severas contra "cualquier factor de perturbación de la producción, que dentro y fuera de las empresa, con discursos de izquierda o de derecha, se sabotee la producción".
"¡Eso tiene que ser sancionado de modo drástico!", añadió.
Pone como ejemplo lo que ha venido ocurriendo en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), "donde está actuando un grupito de gente que con un discurso de izquierda le hace el juego a la derecha y paraliza la empresa cada vez que le viene en gana para demostrar que el control obrero no es correcto".
El parlamentario afirma que se trata de "expresiones de anarquía resultado de un tremendo atraso en la conciencia de un grupo de sindicaleros que se han dedicado a desarrollar políticas en función de sus intereses. Es la más grotesca decadencia del sindicalismo seudo revolucionario al más puro estilo adeco".
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Foro Regional: Ha llegado la hora de que África actúe en pro de la seguridad social
AISS, 13.12.2011 | Artículo de fondo
Al tiempo que algunos países africanos celebran cincuenta años de independencia política, muchos de ellos también hacen un balance de los logros sociales alcanzados. La contribución de la seguridad social al desarrollo socioeconómico del continente ha sido lo más destacado en los debates que tuvieron lugar durante el Foro Regional de la Seguridad Social para África, que culminó sus actividades el 7 de diciembre en Arusha, República Unida de Tanzania.
El Foro congregó a casi 250 participantes, entre ellos ministros, directores y administradores de alto nivel de organizaciones de seguridad social procedentes de 35 países africanos, y analizó los avances en la extensión de la cobertura, la adecuación de las prestaciones y la innovación en cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Si bien casi todos los países africanos cuentan con regímenes de seguridad social, y muchos de ellos están extendiendo su cobertura, la mayoría de los ciudadanos no dispone aún de acceso a la protección social.
Reconocimiento de los logros alcanzados en la seguridad Social
En la inauguración del evento, el señor Errol Frank Stoové, Presidente de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), acogió con beneplácito los progresos que se están alcanzando en la región en materia de seguridad social, a la vez que reconoció que la extensión de la cobertura a grupos vulnerables sigue siendo un “desafío predominante” para África.
“Se ha trabajado mucho en África para conseguir que los regímenes sean más sostenibles y eficaces, a fin de obrar en pro de la buena gobernanza, así como garantizar que la seguridad social sea cada vez más proactiva y preventiva”, afirmó.
“La seguridad social es uno de los sectores más dinámicos de nuestra sociedad y uno de los pilares fundamentales de la cohesión social y el desarrollo”, destacó el señor Stoové.
Según un informe de la AISS sobre evolución y tendencias en la seguridad social, que se presentó en el Foro, los países africanos han conseguido mucho en materia de extensión de la seguridad social en los últimos años.
“Las instituciones de seguridad social de todo el continente han aplicado medidas innovadoras y eficaces para extender la cobertura, tanto a través de regímenes contributivos como a través de un mayor énfasis en los regímenes para grupos vulnerables”, explicó el señor Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la AISS.
“Los esfuerzos por extender la cobertura no constituyen en absoluto una novedad para la región, pero sí se distingue claramente una tendencia hacia enfoques más eficaces.”
El señor Konkolewsky declaró, no obstante, que las instituciones de seguridad social deben superar obstáculos importantes para extender la cobertura, y, en particular, para llegar al sector informal y la población rural. Asimismo invitó a las instituciones de seguridad social a reforzar la colaboración y las iniciativas conjuntas, a ir más allá de sus mandatos tradicionales con el fin de contribuir a la extensión de la cobertura, y a poner mayor énfasis en los enfoques preventivos y la adecuación de las prestaciones.
Avanzar hacia modelos africanos de seguridad social
Para ser plenamente eficaces, las políticas de seguridad social se tienen que ajustar al contexto cultural e histórico, así como a las economías informales de África, opinó el señor Nathaniel Wellington, Docente Titular en la Universidad de Sierra Leona.
Sostuvo que podía ser beneficioso poner énfasis en el desarrollo de modalidades de protección social africanas tradicionales y basadas en la comunidad, así como su incorporación en una arquitectura de protección social estructurada de mayor alcance.
La pobreza generalizada y la permanencia del sector informal requieren enfoques específicos, afirmó Wellington. “Invertir en la protección social y hacer hincapié en enfoques proactivos y preventivos permitirá reducir la necesidad de contar con asistencia en el futuro, así como la transmisión intergeneracional de la pobreza.”
Mejora de la adecuación de las prestaciones
Además de la cobertura, las instituciones de seguridad social coinciden en la necesidad de mejorar la adecuación de las prestaciones. En su discurso ante el Foro, la señora Irene Isaka, Directora General de la Autoridad Reguladora de la Seguridad Social de Tanzania, alentó a los regímenes de seguridad social a desarrollar un enfoque “centrado en el cliente”, y subrayó que la puntualidad y la equidad en las cotizaciones son medios que garantizan la adecuación.
“Existe un enorme efecto multiplicador social cuando se tiene adecuación”, explicó.
La señora Isaka instó a las instituciones de seguridad social a utilizar las nuevas tecnologías para pagar las prestaciones, en particular, la telefonía móvil, que se utiliza más ampliamente que los sistemas bancarios.
Aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías
En todas partes, incluida África, las administraciones de seguridad social necesitan adaptarse para responder a las necesidades del cliente actual respecto a la mejora de la calidad de los servicios, según manifestó el señor Constantine Bitwayiki, consultor de TIC y gobernanza electrónica de Uganda.
“Es preciso que los sistemas TIC se ajusten a los procesos institucionales y las necesidades del cliente, y no a la inversa”, destacó. “Las instituciones de seguridad social pueden promover la tecnología, pero el principal impulsor será el proceso de gestión de la institución.”
Lograr una seguridad social para todos
La institución de un “piso de protección social” (PPS) básico para ofrecer un nivel mínimo de protección social y sanitaria a toda la población ha estado al alcance de la mayoría de los países africanos, de acuerdo con las palabras de la representante de la Oficina Internacional del Trabajo, señora Judica Amri-Lawson.
“La OIT ha desarrollado un paradigma sencillo, realista y pragmático para extender la seguridad social a todos”, recordó la señora Judica Amri-Lawson. “Los principios fundamentales del PPS son sostenibilidad (financiera), asequibilidad según los ingresos de la población, solidaridad y progresividad (no todas las prestaciones a todos al mismo tiempo).”
“Nuestro deber aquí consiste en garantizar que una visión africana firme de la seguridad social y su importante papel en el alivio de la pobreza, el desarrollo económico y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ocupen el lugar que les corresponde en el debate mundial”, concluyó la señora Amri-Lawson.
Los gobiernos y los donantes han asumido compromisos políticos importantes con respecto a la prioridad de la protección social y la seguridad social en África, recordó a los participantes el señor Thomas Winther-Schmidt, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
“Necesitamos desplegar mayores esfuerzos por vender nuestra agenda, comunicando algunos de los éxitos, buenas prácticas e información sobre el papel de la protección social, y responsabilizando a los gestores de la elaboración de políticas”, concluyó.
Ha llegado la hora para la seguridad social en África
En sus conclusiones, el señor Konkolewsky, Secretario General de la AISS, subrayó la necesidad de que las instituciones de seguridad social continúen mejorando sus sistemas de gobernanza, la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios como un indicador de confianza en el papel esencial que desempeñan en la futura extensión de la cobertura.
“La cuestión fundamental de la voluntad política y el espacio fiscal que se requieren para extender la cobertura forma ahora parte integral de las estrategias de desarrollo socioeconómico en África, y ofrece posibilidades importantes de acceso a la seguridad social a millones de personas que viven actualmente en la inseguridad social”, expresó. “Ha llegado la hora de que África actúe en pro de la seguridad social.”
Los participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de dar mayor prioridad a la aplicación práctica de políticas de protección social. El señor Ramadhan Dau, Director General de la Caja Nacional de Seguridad Social de Tanzania, institución que auspició el evento, señaló que existen oportunidades para las organizaciones de seguridad social africanas.
“En este Foro, se ha puesto de manifiesto mensajes firmes. No necesitamos reinventar la rueda. Tenemos muchas experiencias que compartir en África, principalmente en las áreas de la extensión de la cobertura y la creación de soluciones TIC adecuadas”, declaró el señor Dau.
“Lo que ahora se necesita es un mayor compromiso gubernamental, más voluntad política respecto a la seguridad social y especialmente en lo que a la extensión de la cobertura se refiere. En África, no nos faltan ideas. Ha llegado la hora de que África actúe.”
¿Cómo afrontar la crisis? Recesión, salud mental y seguridad social
Foto: Emma O'Brien
Las crisis financieras y económicas afectan negativamente el bienestar mental de los trabajadores y repercuten en los sistemas de seguridad social. Durante las dos últimas décadas, el efecto de las enfermedades mentales ha supuesto una preocupación cada vez mayor para los administradores de los sistemas de protección social, en particular para los responsables de los seguros de invalidez y enfermedad. Algunos estudios recientes señalan que las crisis socioeconómicas y los consecuentes recortes en el gasto social inciden de manera importante en la salud mental, a la vez que destacan las importantes repercusiones de la reciente crisis financiera y económica en la seguridad social.
Cuando se desencadenó la crisis financiera en 2007, varios analistas señalaron que esta última no sólo perjudicaría al empleo y a las pensiones, sino que también provocaría un incremento de los costos en salud, sobre todo al aumentar la incidencia de enfermedad mental ( 1, 2). El razonamiento era que la crisis crearía un entorno de mayor estrés que afectaría a la salud mental de los trabajadores. Asimismo, los recortes en la provisión de prestaciones de seguridad social exacerbaría el problema. Los datos publicados recientemente sobre esta cuestión parecen confirmar esta predicción.
¿Qué podemos aprender de las crisis anteriores?
Los datos acerca de perturbaciones económicas y financieras anteriores ilustran el efecto negativo que las crisis pueden tener en la salud mental de los trabajadores y de los nuevos desempleados. Un reciente “estudio de estudios” concluyó que las recesiones y las crisis económicas tienen un efecto negativo en la salud mental ( 3).
Varios datos anteriores explican la preocupación que los administradores de la seguridad social deben plantearse actualmente por el deterioro de la salud mental debido a la reciente crisis, que se ha convertido en una recesión económica prolongada y agravada por una crisis de la deuda en muchos países. Esta preocupación debería estar acrecentada por el hecho de que, según los análisis realizados por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ( 4) (que cubren el período 1990-2003), se ha registrado un aumento de la frecuencia y gravedad de las conmociones sistémicas (es decir, crisis financieras y económicas) que parece estar relacionado con una mayor liberalización económica.
El informe de la OIT también sostiene que el aumento de las conmociones sistémicas implica una inseguridad sistémica a la que es difícil dar cobertura con los regímenes de seguro social tradicionales. Es probable que el aumento de la inseguridad económica genere más enfermedad mental y, por lo tanto, aumente la necesidad de pagar las consiguientes prestaciones. Las administraciones de la seguridad social serán responsables del pago de estas prestaciones. En resumen, la mayor frecuencia de crisis económicas supondrá una carga adicional para la seguridad social.
Recesión y salud mental
Un análisis de las crisis indica que un mayor desempleo produce invariablemente efectos negativos en la salud mental. Es un hecho ampliamente reconocido que las personas desempleadas sufren problemas psicológicos con mayor frecuencia que las personas empleadas, de lo que se puede deducir que las crisis incrementan el nivel y el alcance de estas dolencias. Por ejemplo, según un estudio a largo plazo realizado por Paul y Moser ( 5), el promedio de personas con problemas psicológicos entre los desempleados es del 34 por ciento en comparación con el 16 por ciento entre las personas empleadas. Por consiguiente, el desempleo generado por las crisis aumenta de manera significativa la incidencia de problemas de salud mental. En el análisis se señala que cuanto mayor es la duración del período de desempleo, mayores son las consecuencias sobre la salud mental. Además, el deterioro de la salud mental de uno de los miembros de la familia (especialmente si se trata de un perceptor de ingresos) puede tener efectos negativos en cadena, como un aumento del estrés al interior de las familias y una carga potencialmente onerosa en materia de cuidados.
Según otros estudios, el efecto negativo del desempleo en la salud mental es también mayor en países con un bajo nivel de desarrollo económico, distribución desigual de los ingresos, o sistemas de protección contra el desempleo deficientes, en comparación con otros países con sistemas más robustos.
No es sorprendente que el aumento de la incidencia de los problemas de salud mental justifique el incremento del nivel de suicidios. Si bien los motivos de suicidio son muy personales, las crisis parecen aumentar la incidencia del mismo. Esto no debería ser una sorpresa teniendo en cuenta la relación directa que existe entre el deterioro de las condiciones sociales y el bienestar personal. Por ejemplo, un estudio realizado en 26 países europeos entre 1970 y 2007 mostró que por cada incremento del 1 por ciento del desempleo, se registraba un aumento del 0,79 por ciento en los suicidios a edades inferiores a los 65 años.
Se puede suponer que las perturbaciones económicas que causan el aumento del desempleo y los consiguientes efectos sobre la salud mental producirán un aumento de los suicidios. Esta hipótesis ha sido confirmada por datos derivados de la crisis económica asiática, que tuvo un efecto importante en la incidencia de suicidios en esta región ( 6). En comparación con 1997, las tasas de suicidio de los varones en 1998 aumentaron un 39 por ciento en el Japón, un 44 por ciento en Hong Kong y un 45 por ciento en la República de Corea, si bien el aumento en las tasas de suicidio de las mujeres fue menos marcado. Por consiguiente, en esos países la crisis económica asiática coincide con 10.400 suicidios más en 1998 que en 1997 ( 7).
Las crisis pueden afectar considerablemente a la salud y a la mortalidad en general. Once estudios basados en datos de la Federación de Rusia, la República de Corea y países europeos, africanos y de América del Sur y Central mostraron que las crisis económicas estaban relacionadas con un aumento de la mortalidad por todas las causas (es decir, enfermedad cardiovascular, infecciones respiratorias, enfermedad hepática crónica, suicidios, homicidios y mortalidad infantil) ( 3). En otro estudio Stuckler et al. indicaron, mediante otro ejemplo notable, que con el hundimiento del sistema soviético en 1991 y el subsiguiente declive económico, se produjo un rápido aumento de las tasas de mortalidad de hasta el 20 por ciento, lo que correspondió aproximadamente a tres millones de muertes adicionales, cifra abrumadora para un período de paz ( 8). El declive económico y el consiguiente desmantelamiento de la protección social estatal que tuvo lugar en los países de la antigua Unión Soviética contribuyó a la disminución de la esperanza de vida de los varones en Rusia de 64 a 58 años ( 9), y se puede razonablemente suponer un efecto significativo en la salud mental. La crisis pone de manifiesto hasta qué punto son profundas las implicaciones de la adversidad económica en la salud mental.
El efecto de la reciente crisis financiera y económica
Aunque siempre hay un cierto nivel de enfermedad mental en toda sociedad, en los países industrializados entre el 8 y el 26 por ciento de la población sufre algún tipo de enfermedad mental (Italia tiene el índice más bajo y los EE.UU. el mayor) ( 10, 11), parece que la reciente crisis ha acentuado el alcance de esta situación.
Según una encuesta realizada en el Reino Unido por la organización benéfica de salud mental MIND, la crisis ha empeorado el bienestar mental de los trabajadores de ese país ( 12). La encuesta Populus realizada por MIND y a la que han respondido 2050 trabajadores, puso de relieve que, debido a la crisis, el 10 por ciento de los trabajadores tuvo que pedir ayuda médica. De manera similar, el 7 por ciento había empezado un tratamiento médico para la depresión, y el 5 por ciento dijo haber tenido que acudir a un terapeuta por causa de estrés y problemas de salud mental directamente relacionados con las repercusiones que la recesión había tenido en su lugar de trabajo. El estudio también reveló un aumento considerable del “presentismo”, situación en que los empleados se sienten obligados a trabajar más horas para poder hacer frente a la carga de trabajo adicional y mantener su empleo. Así, el 28 por ciento declaró jornadas laborales más largas. Un tercio de los trabajadores también indicó que el entorno laboral era cada vez más competitivo y que la moral en el trabajo había decaído significativamente.
Según MIND, los resultados de la encuesta coinciden también con las estadísticas del Gobierno del Reino Unido, que muestran un aumento sin precedentes del número de prescripciones de antidepresivos en todo el país, con una cifra récord de 39,1 millones en 2009, cuando ésta fue de 35,9 millones en 2008. La encuesta de MIND facilita datos acerca de la relación entre la crisis, los problemas médicos y la invalidez, y sugiere un costo potencial para el sistema de salud.
Un estudio publicado en el marco del Informe sobre el trabajo en el mundo 2010 elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Laborales sugiere que la crisis ha provocado un descenso sin precedentes de la satisfacción con la vida ( 13). En términos concretos, esto se traduce en un mayor pesimismo sobre la calidad de vida, menor confianza en la capacidad de los gobiernos para modelar un futuro más prometedor y justo, y mayor descontento social entre otras cosas.
Según el informe, el empeoramiento del clima social se debe al aumento del desempleo y de las desigualdades en los ingresos que la crisis ha traído consigo. El informe establece una relación clara entre la crisis, las condiciones del mercado de trabajo y la salud mental, y señala que “cuanto más dure la recesión en el mercado de trabajo, mayores serán las dificultades para que los que buscan empleo lo encuentren”. En los 35 países sobre los que se dispone de datos, cerca del 40 por ciento de los que buscan empleo han estado sin trabajo durante más de un año y, por lo tanto, corren el riesgo de desmoralizarse, perder la autoestima y sufrir problemas de salud mental ( 14).
Actualmente, la crisis continúa produciendo efectos negativos en la salud mental en muchos países industrializados (véase recuadro 1). Estos países siguen sufriendo dificultades debido al crecimiento anémico y a los problemas derivados de la necesidad de reducir la deuda nacional y el déficit.
Recuadro 1. El efecto de la crisis en Grecia
Grecia ha sido el país más gravemente afectado por las repercusiones de la crisis financiera. Como resultado de ello, ha sufrido una importante inestabilidad política y social. Sus problemas de deuda han dejado al país al borde de la quiebra. Entre 2007 y 2010, su deuda aumentó del 105,4 al 142,8 por ciento del PIB (de € 239,4 mil millones a € 328,6 mil millones), significativamente más que cualquier otro país de la Unión Europea ( 15). Con el fin de frenar y reducir el crecimiento de su deuda, emprendió un riguroso ajuste fiscal que ha implicado grandes recortes en el gasto social (por ejemplo, mediante una reducción de las asignaciones y los salarios de los funcionarios públicos y los pensionistas). En 2009, este ajuste fiscal ascendió a € 30 mil millones (equivalente al 13 por ciento del PIB) ( 13) y se prevé que el presupuesto para 2012 contendrá recortes en el gasto y aumentos de impuestos por una suma equivalente a € 6,5 mil millones ( 16). En consecuencia, Grecia se ha visto confrontada a importantes problemas de salud mental así como en el ámbito social:
•Aumento de suicidios: Antes de la crisis, Grecia tenía una de las tasas de suicidio más bajas de Europa. Algunos psiquiatras han dicho que la crisis económica ha disparado al alza entre un 25 y un 30 por ciento el número de consultas ( 17). Los suicidios se elevaron un 17 por ciento en 2009 con respecto a 2007, y la cifra no oficial citada en el parlamento menciona un aumento del 25 por ciento en comparación con 2009. El Ministro de Salud griego informó que hubo un aumento del 40 por ciento en el primer semestre de 2011 en comparación con el primer semestre de 2010. El servicio telefónico nacional de asistencia a suicidas potenciales informó que el 25 por ciento de los comunicantes afrontaba dificultades financieras en 2011 ( 15). Según la información divulgada por los medios de comunicación, la incapacidad para amortizar altos niveles de deuda personal puede ser un factor decisivo en el aumento de los suicidios ( 17, 18).
•Menor acceso a los servicios de salud: De acuerdo con los datos analizados en un estudio realizado por Kentikelenis et al., la crisis ha sido testigo de un aumento significativo del número de personas que informan que no han acudido a un médico o a un odontólogo a pesar de que consideran que era necesario. Las causas principales por las que no solicitan atención médica no parecen estar relacionadas significativamente con la imposibilidad de sufragar los gastos médicos, sino con factores relativos a la prestación de servicios, por ejemplo, tiempos de espera excesivos, pese a que la utilización del sistema de asistencia sanitaria de Grecia es gratuita. El estudio concluyó que el menor acceso a la asistencia sanitaria refleja probablemente problemas relativos a la prestación de servicios: se ha recortado aproximadamente el 40 por ciento de los presupuestos hospitalarios, falta personal, se informa de carencias ocasionales de material médico y de que se soborna al personal médico para saltarse las listas de espera en los hospitales excesivamente saturados ( 15). Todos estos factores han actuado como elementos disuasorios en la utilización del servicio.
•Reducción de las medidas preventivas: A finales de 2010, Grecia experimentó un aumento significativo de las infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Los últimos datos sugieren que las nuevas infecciones aumentarán en un 52 por ciento en comparación con 2010 (922 nuevos casos en comparación con los 605 de 2010), siendo atribuible la mitad de los aumentos observados actualmente a infecciones entre drogadictos por vía intravenosa. Según se informó, la prevalencia del uso de la heroína aumentó un 20 por ciento en 2009. Los recortes presupuestarios de 2009 y 2010 han propiciado la pérdida de un tercio de los programas de trabajo social de calle en el país. Asimismo, muchas nuevas infecciones de VIH están relacionadas con un incremento de la prostitución (y de las relaciones sexuales sin protección) ( 15). Es posible que el aumento de estos fenómenos pueda explicarse por el ahondamiento del descontento social y por la disminución de oportunidades para acceder a un trabajo formal. No obstante, este ejemplo subraya la importancia de la prevención cuando se trata de reducir los riesgos sociales y que una merma de la inversión en prevención suele tener con frecuencia consecuencias sociales negativas.
Se prevén mayores reducciones en el acceso y en el nivel de las prestaciones en cuanto se tomen medidas de austeridad más estrictas. Es probable que sea necesario añadir esto a las dificultades que ya afrontan los griegos para mantener una buena salud física y mental. La experiencia griega recalca la necesidad de que los gobiernos examinen con sumo cuidado el ritmo, las complicaciones y la naturaleza de los recortes que pretenden imponer.
Mitigar el efecto de las conmociones sistémicas en la salud mental mediante la protección social
Los estudios realizados sobre el efecto de las crisis muestran claramente que donde existe protección social el efecto de las crisis en la salud mental se ve considerablemente disminuido ( 4). Por ejemplo, un estudio en el que participaron países de la UE puso de manifiesto que por cada 10 dólares estadounidenses invertidos por persona en programas activos en el mercado de trabajo se reducía el efecto del desempleo en los suicidios en un 0,038 por ciento ( 5). Otro estudio que englobaba 27 países de la OCDE, realizado de 1980 a 2003, mostró que la protección social puede ser un factor decisivo en la prevención del suicidio mediante la protección de la salud mental, especialmente en el caso de países que están viviendo una crisis social o una transición considerable y a menudo complicada ( 19). Es importante la conclusión del macro estudio de estudios antes mencionado: los programas activos en el mercado de trabajo que mantienen y reintegran a los trabajadores en el empleo mitigan algunos de los efectos adversos de las recesiones económicas en la salud ( 4).
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las repercusiones de la crisis podrían ser especialmente importantes ( 20) en los países de ingresos bajos y medios en los que la cobertura de seguridad social y de salud es limitada. En estos países, la seguridad social puede desempeñar un papel importante en la intervención social preventiva. Según otra fuente de la OMS ( 21), actualmente casi el 70 por ciento del gasto en salud mental va a las instituciones. Si los países gastasen más en el nivel de atención primaria, serían capaces de llegar a más personas, y así comenzarían a tratar los problemas con suficiente antelación, reduciendo por ende la necesidad de una asistencia hospitalaria costosa (véase más adelante). Esto subraya una vez más la importancia de hacer hincapié en el enfoque que plantea la AISS: un enfoque preventivo.
Todo lo expuesto anteriormente muestra el importante papel que puede desempeñar la seguridad social como mecanismo de respuesta para aliviar el perjudicial efecto psicológico de las conmociones económicas y financieras, y pone de relieve una vez más su inestimable función social. También demuestra que las medidas proactivas pueden ser muy eficaces si se toman antes de los efectos adversos de las crisis (incluidas las medidas preventivas).
La importancia para los regímenes de seguridad social
Teniendo en cuenta las predicciones que apuntan a que los problemas relativos al mercado de trabajo y al elevado desempleo durarán cinco años ( 13) más de lo que auguraban las predicciones iniciales ( 22), es de esperar que persista cierta ansiedad en lo relativo a los ingresos y la seguridad laboral. Lo más probable es que los problemas de salud mental constituyan un problema de salud pública cada vez más serio para los gobiernos y los empleadores.
Es probable que se haya observado un efecto sobre la salud mental en todos los países afectados por la crisis. Es un problema no sólo porque disminuye el bienestar humano, sino también porque tendrá repercusiones en los resultados económicos y en el funcionamiento de la seguridad social. Conllevará una menor productividad, y para la seguridad social significa un cierto grado de disminución de los ingresos contributivos y de aumento de los gastos. Por ejemplo, el costo financiero de la enfermedad mental es considerable, ya que contribuye a la pérdida de productividad, puesto que es menos probable que las personas con enfermedades mentales sean contratadas o permanezcan contratadas. Es más, esto entraña costos para la sociedad cuando se hace necesario otorgar prestaciones por incapacidad y desempleo. Según un psicólogo del Kings College de Londres, se estima que estos costos ascienden a unos 19 mil millones de dólares estadounidenses anuales, lo que equivale a alrededor del 1 por ciento del producto nacional bruto del Reino Unido ( 23).
Durante los últimos 10 a 15 años la enfermedad mental ya ha llegado a ser la causa de un gran número de nuevos casos de beneficiarios de prestaciones por invalidez en muchos países industrializados. Por ejemplo, en Suiza, las cifras de 2009 muestran que las prestaciones relacionadas con la salud mental supusieron el 42 por ciento de todas las nuevas prestaciones por invalidez desembolsadas ese año ( 24). Por otra parte, los beneficiarios de las prestaciones por invalidez a menudo son los más difíciles de reintegrar completamente en el empleo. Además, es probable que haya que sufragar el gasto de más prestaciones por enfermedad (como efecto inicial) y gastos médicos (medicamentos y tratamiento psiquiátrico). Esta necesidad de aumentar los recursos entra en conflicto con las restricciones financieras que se les plantean a muchos gobiernos que tienen que afrontar presiones para dar prioridad a la reducción de sus déficits y deudas. El recorte del gasto social ofrece una opción obvia para conseguirlo, pero este enfoque amenaza con socavar los compromisos de mantener el bienestar social. La reducción de las prestaciones, a la vez que aumentan las demandas de servicios sociales, conlleva el riesgo de exacerbar la amplitud de los problemas de salud mental en la población.
Conclusión
Los estudios y experiencias que se presentan en este artículo deberían dar un nuevo impulso a las administraciones de seguridad social, empleadores y otras partes interesadas para reflexionar sobre la mejor forma de limitar los efectos de la reciente crisis en la salud mental, pero para ello es necesario adoptar un enfoque holístico que implique las partes interesadas. Para los empleadores, esto implica mejores prácticas en el lugar de trabajo a fin de proteger a su personal y velar por que tanto los trabajadores como la empresa puedan hacer frente a la crisis y a futuras crisis, procurando que las condiciones de trabajo sean lo más estable posible.
Hay una creciente necesidad de promover enfoques preventivos en todas las ramas de la seguridad social. Esto implica anticipar los riesgos que puedan plantearse y ayudar a las personas y las familias a adaptarse de la mejor manera posible a las dificultades. Las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo deberían elaborar también medidas preventivas como una piedra angular de su enfoque.
La seguridad social puede desempeñar un papel importante para reducir las desigualdades y la pobreza, prestando seguros en época de crisis y, por consiguiente, ayudando a limitar la enfermedad mental.
Es una versión actualizada de un artículo publicado por vez primera en diciembre de 2010.
Mujeres mayores. Indicadores para América Latina y el Caribe (Separata)
Viernes, 27 de Enero de 2012
Envejecimiento y vejez
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Publicación CELADE-División de Población de la CEPAL. Diciembre, 2011
Esta publicación ofrece un panorama de la situación de las mujeres de edad en la región, con datos sobre aspectos relevantes desde una aproximación sociodemográfica a este grupo específico de la población adulta mayor.
La Separata provee datos sobre las mujeres mayores en aspectos tales como su composición etaria y esperanza de vida, acceso a las prestaciones y beneficios del sistema de seguridad social, así como sobre grupos especialmente vulnerables: las viudas y las que residen en el ámbito rural.
Archivos Adjuntos
Separata_Mujeres_E.pdf
Envejecimiento demográfico y consulting financiero Miércoles, 18 de Enero de 2012 Envejecimiento y vejez
Apuntes de Demografía, Blog de Julio Pérez Díaz.
Durante demasiado tiempo la Demografía fue sólo “Estadística de Estado” y se dedicó a la contabilidad de un “haber”, la llamada “población”. Las características, experiencias, comportamientos o relaciones de los humanos no eran lo relevante. Las poblaciones eran un material a moldear y adaptar a necesidades políticas, económicas o ideológicas “superiores”.
Técnicamente esta definición de las poblaciones es un arcaísmo que nunca acertó en sus diagnósticos, y el análisis demográfico hace mucho tiempo que desplazó su interés precisamente hacia los comportamientos, características e historias vitales de las personas, hacia sus relaciones y hacia sus significaciones sociales. Pero la demografía ganadera no ha desaparecido. Ahora tiene nuevos amos.
Esto ocurre, primero, porque es “simple”, al alcance de cualquier aficionado, y segundo, porque sigue siendo poderosa en el universo de las representaciones, los discursos y la transmisión de “memes”. Cuatro cifras poblacionales bastan a cualquiera para hablar de millones de personas y de lo que hay que hacer con ellas. Todo tipo de natalismos y de neomaltusianismos han predicado la necesidad de fomentar o de frenar el crecimiento poblacional porque con ello se mejora la economía, el desarrollo, la defensa nacional (o la productividad empresarial, la competitividad internacional, la pujanza cultural frente a “los otros”…).
Esta megalomanía parecía declinar desde que los nacionalismos de Estado abandonaron las políticas natalistas para centrarse en políticas sociales (fomentando la calidad frente a la cantidad), desde que el mundo rico relajó las políticas de freno al “excesivo” crecimiento del mundo más pobre y desde que el ideario del family planing internacional se centró en la “salud reproductiva” más que en la reducción de la fecundidad.
Era un espejismo. La demografía ganadera siempre sirvió al poder y ahora, simplemente, esta cambiando de amo. El nuevo poder global es el financiero, y la demografía le sirve cada vez sirve más y mejor. Los “consultings” sustituyen progresivamente el papel de los ideólogos, y en su búsqueda de indicadores básicos, simples, universales, de fácil manejo y también de fácil manipulación, están redescubriendo con entusiasmo el arsenal demográfico más rancio. Ilustraré mínimamente a qué me refiero:
De repente aprendemos gracias a Alejandro Macarrón, consultor de estrategia empresarial y “corporate finance”, que La depresión demográfica de España hace inviable el Estado de Bienestar (Libertad Digital 17/07/2010) (comentado en este blog en Las falacias eternas en demografía).
El mismo diario publica una entrevista a Jim Rogers ”una leyenda dentro del mundo de los inversores” (sic), que nos pronostica “El euro no sobrevivirá a esta década“, titular con subtítulo: El inversor Jim Rogers ve un futuro negro para Europa y para la divisa única. El problema de fondo es demográfico. Europa envejece rápidamente y pronto no podrá atender a las promesas que hizo a sus mayores. El futuro está en China (Rogers, claro, de demografía no sabe nada, y ni siquiera repara en el pequeño detalle de que China ve crecer su proporción de mayores a un ritmo fulgurante, pero es perfecto para crear titulares en este tipo de publicaciones).
En Libremercado.com hacemos grandes descubrimientos demográficos: Los japoneses, una población en ‘peligro de extinción’ a finales de siglo (20/4/1011), un buen ejemplo del género “proyecciones demográficas para asustar”, o que La presión demográfica ahogará a España en un mar de deudas. La Hacienda Pública se enfrentará a unos compromisos de gasto crecientes de aquí a 2050 por el envejecimiento de la población (7/7/2011). Ya he comentado hasta la saciedad en este blog las contradicciones, absurdos analíticos y conclusiones sesgadas en que incurre este discurso tan extendido.
No se trata de una particularidad de la prensa financiera española; véase The red ink of a greyer future (Financial Times, April 1 2009) un extenso y documentadísimo artículo, tan ejemplar que el blog neoliberal qmunty.com se ha tomado el trabajo de traducirlo al castellano y comentarlo extensamente bajo el título Rescate bancario, pensiones y demografía. Lo recomiendo encarecidamente, porque ilustra bien cómo estos analistas se alimentan, a su vez, de los “estudios” que publican la banca, las grandes corporaciones financieras y las instituciones económicas internacionales.
Los ejemplos podrían multiplicarse hasta la saciedad y en cualquier país. Se da la paradoja de que los analistas financieros entienden muy poco de demografía. Son más bien voceros de las ideas económicas dominantes, los tópicos comúnmente aceptados y las corrientes de opinión entre los inversores y las instituciones económicas internacionales. En otras palabras, lo que les interesa no es “la verdad” tras las ideas, sino “el impacto” de las ideas en el mercado.
De esta manera, si alguien piensa que el envejecimiento demográfico pone en peligro el pago futuro de la deuda pública (porque habrá más gasto futuro comprometido con los pensionistas), y esa creencia se extiende suficientemente entre los analistas financieros, entonces el envejecimiento demográfico efectivamente se convertirá en un factor que hará subir la prima de riesgo de la deuda. Nada importa si la predicción es correcta o no; la profecía provoca en sí misma aquello que profetiza. Nadie se ruboriza cuando le señalamos que, con ese razonamiento, Alemania o Suecia inspiran menos confianza al inversor que Venezuela o Nigeria. Lo absurdo de la situación no importa, si de esa manera puede invertirse en deuda alemana o sueca con mayor ganancia y a un riesgo que no es en realidad superior al de la venezolana o la nigeriana.
Si todo quedase en un juego de mercados e inversores podría parecer sólo una curiosidad más de los actuales tiempos financieros y su impacto en la economía global. Pero es que la demografía se ha convertido en argumento principal para justificar el desmantelamiento de los Estados sociales en todo el mundo.
En los años ochenta se produjo ya una primera ofensiva, de tipo político y con el objetivo de “controlar los excesos” y desde entonces instituciones como el FMI o la OCDE reiteran argumentos demográficos y proyecciones de población para convencernos de la necesidad de aplicar recetas económicas muy determinadas. Pero la ola actual de “ajustes” ya no es de control, sino de desmantelamiento, y ya no apela a ideologías ni a recetas económicas, sino a lo que quiere “el inversionista”. Sin ir más lejos, la reciente reforma (recorte en realidad) de las pensiones en España se anunció abiertamente como una medida necesaria para “tranquilizar los mercados”, y en el propio redactado de su proyecto la evolución demográfica es señalada como la causa principal que la hace necesaria.
De esta manera se cierra un círculo vicioso. Millones de personas se levantan cada día en todo el mundo buscando noticias y análisis económicos suministrados por los gurus de la prensa financiera internacional. Como los sacerdotes interpretan las escrituras para los fieles, los analistas financieros han descubierto que ellos pueden ser quienes lean la demografía con provecho para los inversores. Y lo que leen siempre es lo mismo: crezca o no la población, aumente o baje la fecundidad, aumente o disminuya la inmigración, mejore o empeore la supervivencia y la salud colectiva, la conclusión a la que llegan es siempre la misma: la demografía hace inviable lo público y aconsejable que la riqueza se gestione y se invierta en forma de capital de inversión privado.
La prosperidad y el progreso colectivos van acompañados de cambios en las dinámicas demográficas. Existe un umbral en el que la supervivencia hasta la vejez se generaliza, las fecundidades elevadas se hacen innecesarias y las pirámides de población cambian (véase aquí el concepto de Revolución Reproductiva). La nueva dinámica demográfica es mucho más eficiente y favorece también las dinámicas económicas, pero en ese proceso la parte que los Estados comprometen con el bienestar de sus ciudadanos crece también, y se vuelve un caramelo cada vez mayor para quienes se imaginan gestionándolo de forma privada.
Nada sorprendente, después de todo. Lo sorprendente es que los demógrafos no tengamos una función propia en todo esto. Y también que los propios estados den crédito a errores analíticos tan graves como el que interpreta el envejecimiento demográfico sin atender a los cambios sociales y económicos que le acompañan. Sin tales errores se haría evidente por qué las sociedades más envejecidas son las más desarrolladas, ricas y fiables.
Pero quizá no es un error. Quizá tales sociedades se han convertido en El Dorado de los buscadores de oro fácil, y purgan el pecado de haber avanzado demasiado respecto a otras que siguen sumidas en la miseria.
Apuntes de demografía. Blog de Julio Pérez Díaz. 10/1/2012. (leer texto completo en:
http://apuntesdedemografia.wordpress.com/2012/01/10/envejecimiento-demografico-y-consulting-financiero/)
www.gerontologia.org
Año XIV, Edición Nº 143 Enero de 2012
Editorial Nº 143 de Enero de 2012
Año 2012: La RLG convoca a prepararse para participar en el V Concurso de experiencias gerontológicas latinoamericanas
La Red Latinoamericana de Gerontología inicia un nuevo año de trabajo buscando facilitar la socialización de información y experiencias gerontológicas latinoamericanas, que sirvan de fuente de inspiración y aprendizajes a quienes trabajan en los diversos países de la región por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores y el respeto de sus derechos.
Con el propósito de estimular a quienes trabajan en relación con el proceso de envejecimiento y la condición de ser persona vieja, en organizaciones de la sociedad civil en América Latina, la Red Latinoamericana de Gerontología convoca a prepararse para participar en el V Concurso de experiencias Gerontológicas Una sociedad para todas las edades.
Con esta nueva convocatoria se busca facilitar la sistematización y el compartir de experiencias gerontológicas latinoamericanas que destaquen la vejez como condición positiva de la vida y el proceso de envejecimiento individual y poblacional como un desafío para avanzar en el logro de sociedades incluyentes: para mujeres y hombres de todas las edades y condiciones.
Se trata de estimular el trabajo gerontológico en los diversos contextos de América Latina, de modo de las experiencias que se presenten puedan servir como fuente de inspiración y aprendizaje, a quienes en los países de la región se preocupan y ocupan de contribuir a mejorar la calidad de vida y a lograr el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores.
En las cuatro ediciones anteriores del concurso (2010, 2008, 2006 y 2005) se han presentado 242 experiencias de buena parte de los países de la región. De estas han sido nominadas 50 y premiadas trece experiencias, las cuales pueden consultarse en el portal de internet de la Red Latinoamericana de Gerontología: www.gerontologia.org
También como resultado del concurso y en conmemoración del décimo aniversario de su fundación, en 2009, la Red Latinoamericana de Gerontología publicó, en español, el libro Hacia una sociedad para todas las edades. Experiencias latinoamericanas sobre relaciones intergeneracionales, el cual ha sido traducido al portugués y al alemán.
En esta ocasión y como ha sido costumbre, el Concurso estará abierto a diversidad de experiencias gerontológicas latinoamericanas. Sin embargo, un énfasis especial se dará a estimular experiencias locales con enfoque comunitario, al igual que a las que contribuyan a visibilizar y a promover los derechos y la inclusión social de las mujeres adultas mayores.
Esperamos así, continuar contribuyendo a entrelazar teoría y práctica en la búsqueda del desarrollo de una gerontología latinoamericana sustentada en la posibilidad de reflexionar acerca de nuestro quehacer social gerontológico, en la construcción de comunidades y en la equidad de género.
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG
Christel Wasiek – Asesora de la RLG
Enero 2012.
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