Alemania Seguridad Social

Seguridad social
Bienestar para todos y justicia social: Esa fue la meta que se marcó a finales de la década de los cincuenta el por entonces Ministro Federal de Economía Ludwig Erhard al implantar la economía social de mercado en Alemania. El “modelo alemán” fue todo un éxito y se tomó como referente en muchos países. Uno de los factores determinantes de ese éxito fue el alto grado de cobertura del sistema social. Alemania dispone de una de las redes de protección social más completas del mundo: el gasto social público representa el 27,6% del producto interior bruto; en comparación, países como los Estados Unidos de América invierten en este capítulo el 16,2 % del PIB, en tanto que la media de los países de la OCDE se sitúa en el 20,7%. Los seguros de enfermedad, pensiones, accidente y dependencia y el Seguro de desempleo conforman un sistema integral de protección frente a las consecuencias económicas de las contingencias vitales. La red de cobertura social incluye asimismo prestaciones financiadas a través de los ingresos fiscales, tales como la compensación de las cargas familiares (subsidio por hijos, deducciones fiscales) o la llamada prestación asistencial básica para jubilados y personas con incapacidad laboral permanente. Alemania es un Estado social, lo cual significa que la protección social de todas y todos los ciudadanos es una tarea básica y prioritaria.



En Alemania los sistemas de protección social del Estado del bienestar tienen una larga tradición, que se remonta a la era de la industrialización. Otto von Bismarck desarrolló a finales del siglo XIX las líneas maestras de la seguridad social pública; bajo su égida se aprobaron las leyes del seguro de accidentes y enfermedad y de invalidez y vejez. Mientras que en aquella época la legislación social solo protegía al diez por ciento de la población, hoy en día está cubierto prácticamente el 90% de los habitantes del país. Con el paso del tiempo la red social se fue ampliando y perfeccionando; por ejemplo, en el año 1927 se implantó un seguro contra las consecuencias pecuniarias del desempleo y en 1995 el Seguro de dependencia. En el siglo XXI se plantea la necesidad de ajustar y reordenar la estructura del sistema de seguridad social en su conjunto, en particular desde la perspectiva de su financiabilidad a largo plazo.