Estado omnipotente vs. Estado impotente Eduardo Ortiz Ramírez Miércoles, 13 de julio de 2011

Ha sido frecuente en Venezuela y otros países cercanos el tratamiento del excesivo papel o participación del Estado. Algunas explicaciones tendieron a ubicar el escaso desarrollo de la sociedad civil -y la correspondiente necesidad de que este último asumiese sus funciones- como uno de los determinantes. Otras, más especificas, atañen a los fenómenos asociados al rentismo petrolero y a las consecuencias del uso de una renta variable vía precios de un bien que no es producto del trabajo y que tiene sus claras manifestaciones en Venezuela; en el contexto más global se han esbozado las ideas y consecuencias de estructuras y políticas asociadas a los petroestados. Un último y no desdeñable conjunto de determinantes atañe a los vaivenes y acoplamientos conceptuales que presenta la política económica según los cambios y evoluciones de la corriente principal en economía o más directamente las modas en el mundo anglosajón y sus influencias en nuestras localidades. Venezuela, en particular, ha presenciado abultamientos en la participación del Estado en la economía a partir de los años setenta y particularmente en dos administraciones: la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974/79) y la del Presidente Chávez que se ejecuta desde 1999. Uno de los acercamientos a este abultamiento puede darse en los registros del número de entes descentralizados, o los manejados desde instancias centrales y la variopinta composición de áreas que han abarcado tales entes y que van desde industrias básicas hasta actividades poco estratégicas para el manejo estatal. Esto no ha sido una particularidad de estas dos administraciones sino que, en periodos variados de presidencias o gobernaciones, se pueden encontrar en Venezuela ideas sobre que algo sea estratégico para el manejo del Estado –en sus distintos niveles- sin verdaderamente serlo. Se ha conformado, así, en Venezuela, la idea de la existencia del Estado como un ente asfixiante, controlador y omnipotente. A la luz de las teorías marxistas tradicionales sobre el Estado esta omnipotencia perseguía o permitía el dominio y beneficio de los grupos sociales pudientes, ricos o burgueses, cualesquiera sea el calificativo que se les quiera dar. Por distintas razones, la entrada de la llamada “revolución bolivariana”, consigue un aparato estatal aparentemente fuerte -y no por exitoso por ejecución de políticas o su eficiencia- en todo el periodo previo de los 40 años de democracia representativa, sino por ser participe y gestor en la economía según el perfil del rentismo petrolero que hemos señalado. Debe destacarse que, al igual que otras administraciones, la administración del Presidente Chávez, por lo menos en lo que se observa en sus planes escritos, ha planteado reducir la dependencia petrolera en cuanto a exportaciones y su presencia en la economía nacional. La “revolución bolivariana” ha perseguido desde los tiempos de la Constituyenterefundar las instituciones –algunos, muy seriamente, desde una perspectiva crítica a la administración han señalado más bien que persigue desinstitucionalizar-. Desde nuestro enfoque, no es claro hoy día diferenciar –como tradicionalmente se ha hecho en la teoría política- entre gobierno y Estado en la realidad venezolana. De cualquier manera, y en base a la idea de la dictadura del proletariado, el poder popular, el poder de los de abajo, el poder comunal o la democracia participativa y protagónica, la administración del Presidente Chávez después de 12 años de gestión debería permitir observar un Estado fuerte a la luz de sus propios objetivos de transformación de la sociedad venezolana. Más aun cuando en muchas ocasiones los ciudadanos observan una falta de gobierno en numerosos aspectos que no es compensada por frases o expresiones de mítines, programas o concentraciones como aquella de “…así, así, así es que se gobierna”. En tal sentido, estos elementos que siguen y que -junto a otros- nos permiten ubicar un perfil de Estado impotente para la realidad venezolana, deberían ser de mucho interés para los propios defensores de la administración. En primer lugar, la posibilidad de que el ciudadano ejerza reclamos o solicite estabilidad para el manejo de sus costos de transacción –usando el lenguaje de los neoinstitucionalistas-. No es fácil para el ciudadano remitirse al INDEPABIS, la fiscalía o algún tribunal, si fuere el caso, para ejercer una diligencia que en atención a su reclamo le dé un resultado concreto y relativamente rápido. La idea de te voy a demandar o te voy a denunciar no pasa de ser en muchos casos más que una reacción emotiva de un determinado ciudadano. El caso de los servicios públicos y también muchos privados debe destacarse en forma particular. Las líneas aéreas, los medios de transporte terrestre, servicios de comida y festejos, siguen cometiendo considerables abusos en contra de los ciudadanos, considerando los oferentes de tales servicios que estos últimos deben sentirse agraciados por el mero hecho de ser atendidos –sea bien o mal-. Debe destacarse sin mezquindad que algunas dependencias del estado han mejorado sus servicios (Es el caso de trámites de documentación). En segundo lugar, la ejecución de controles de parte del Estado, no pasa en algunos casos de ser meros simbolismos. No decimos que los variados controles que ejecuta la administración sean en si mismos lo más conveniente sino que tratamos de ubicarlos en la propia lógica de la administración. Los controles de precios, tarifas y transacciones diversas no siempre benefician a los sectores menos favorecidos en la distribución de ingreso; todo lo contrario, algunos de sus efectos terminan favoreciendo a los sectores de mayores recursos (es el caso de la educación gratuita en universidades e impedimentos a que en ellas paguen grupos sociales o integrantes de ellos que si podrían hacerlo). Pero también tenemos el caso de los controles de precios en productos alimenticios que, en principio, deberían facilitar el acceso a la cesta básica y generan –contrariamente- desaparición de productos, distorsiones de precios, monopolio estatal en la oferta de bienes y presencia de precios totalmente distantes de los regulados, que producen la sensación en el consumidor de que ese producto con precio regulado de que habla la administración, no existe ni se vende en el mercado a ese precio sino a otro mucho más alto. En tercer lugar, el área judicial donde la administración ha terminado reconociendo directa o indirectamente su inefectividad para corregir numerosas desviaciones presentes en la misma, mas allá de la pompa que se dan magistrados y jueces cuyas togas y birretes no tienen siempre las respaldos necesarios como saben algunos participes en esta administración. Caso terrible y sempiterno es el de las cárceles a pesar de sus transfiguraciones internas. Esto es: viejos problemas, alimentados por otros nuevos y presentados con efectos audiovisuales más amplios o nutridos pero con la misma ciencia de fondo: ¡el problema de las prisiones es un problema de clases sociales! Esto lo saben de tiempo atrás numerosos analistas y juristas pero es terrible que se destaque en una administración que se denomina revolucionaria, y que de manera dramática se ha desentendido de la gestión del poder en las cárceles, como ha quedado demostrado en recientes episodios de impotencia estatal. En cuarto lugar, debe destacarse lo concerniente a la estructura y dinámica de las políticas públicas y en particular las económicas y sociales. No es este un terreno donde se compruebe organicidad, adecuada secuencia o que demuestre fortaleza en la estructura estatal. No trata solo esto de expresar ideas o acercamientos teóricos, sino que trata también de cómo se ejecuta lo que se plantea y de manera muy importante quienes ejecutan las políticas y con qué equipos se cuenta para ejecutar las mismas. En los casos del comercio exterior, la integración económica y las negociaciones internacionales, las decisiones siguen estando muy concentradas en muy pocas personas. En el asunto de las relaciones internacionales y el acercamiento o distanciamiento a determinados países, las decisiones e inclinaciones siguen implicando muy poca participación de la sociedad civil. Debe afirmarse que en áreas de la vida económica y social (niveles de precios, facilidades o dificultades de obtención de financiamiento, funcionamiento del área privada que atiende la salud, acceso a viviendas, mecanismos restrictivos de comercialización, entre otros) la administración del Presidente Chávez expresa ideas o impresiones preliminares acertadas. Sin embargo, a la hora de formular políticas y de ejecutarlas estas se expresan llenas de retórica que probablemente tengan fines políticos electorales o de generación de incondicionalidades. Indudablemente que las debilidades en las áreas mencionadas y la propia dinámica del Estado impotente deberían ser de sumo interés en el análisis actual y de elaboración de perfiles futuros para la economía y la nación venezolana, incluso desde los propios intereses de la administración del Presidente Chávez. eortizr@cantv.net