Absalón Méndez Cegarra
Las noticias que
llegan desde distintos lugares del mundo no son alentadoras para la población
de jubilados y pensionados, podría decirse, más ampliamente, para la población
de avanzada edad, la cual se incrementa con rapidez dados los cambios
demográficos que se observan en el mundo.
Antes de la
pandemia del covid-19, la situación de las personas de avanzada edad tenía
mucho que ver con su desprotección social por la falta de cobertura universal
de los sistemas de seguridad social y los cambios en los patrones tradicionales
de protección de la familia y la comunidad. A la falta de cobertura, se agregó, la insuficiencia
de la protección social de los adultos mayores y ancianos para el caso de haber
logrado alguna.

En pandemia y, superada ésta, se revelarán muchas cosas, entre
ellas, la pérdida de vidas y la vulnerabilidad de los ancianos como grupo de
población. Los sistemas de seguridad social posiblemente se sentirán
económicamente aliviados, pues, ante la muerte de ancianos, habrá disminuido el
número de jubilados y pensionados y los gastos en atención médica y medicinas.
En todas las formas de aseguramiento, públicas y privadas, se privilegia lo
económico y lo financiero y se sacrifica la dignidad humana. Lo importante no
es el ser humano, sino pagar menos o no pagar prestaciones sociales
comprometidas. Al momento de contratar un seguro se prometen villas y castillos.
Cuando ocurre el riesgo asegurado aparecen mil trabas, la llamada letra pequeña
de los contratos de seguros. Esta es la
concepción de protección –como negocio lucrativo- que anima a los seguros privados y los
seguros sociales le siguen de cerca, lo que determina que la seguridad social,
muy en la orientación del pensamiento mercantilista y neoliberal, progresivamente,
va dejando de ser segura y las personas comienzan a desconfiar de ella. Tesis
que es necesario revertir con nuevos planteamientos desde la perspectiva de
derechos, toda vez que la seguridad social es un derecho humano y social
fundamental. Y, los derechos se exigen, se demandan, no se ruegan, por favor.
El número de
jubilados y pensionados crece en la mayoría de los países. Los sistemas de
seguridad social y sus regímenes de pensiones, se resienten por ello. Al pago
de pensiones se atribuye el déficit fiscal de las naciones y se anuncia la
imposibilidad de su pago puntual. Se publican cifras alarmantes del porcentaje
del PIB que se atribuye al pago de pensiones; pero, nada se dice del gasto
militar. Afanosamente se buscan mecanismos para disminuir el gasto
pensional. El Banco Mundial y otros
organismos financieros internacionales aplican recetas a los países que acuden
en solicitud de ayuda financiera. La condición fundamental es la reducción del
gasto en pensiones, para ello se recomienda, entre otras medidas, hacer más
rigurosos los requisitos para la obtención, la disminución del monto de la
pensión y evitar al máximo el ajuste de las pensiones.
En algunos
países, España, Grecia, por ejemplo, se habla de la reducción de las pensiones.
En otros países, como en Venezuela, irresponsablemente, se alardea del número
de pensionados. 5 millones de pensionados, que reciben 2,5 $ mensuales, en una
población total que no supera los 30 millones. Las pensiones disminuyen por
diversos motivos según el régimen que las contemple. En los
públicos y de reparto simple, por la inflación o el incremento de los
requisitos. En los regímenes de capitalización individual-ahorro- por la volatilidad de los mercados
financieros y al escaso rendimiento de las inversiones. Razón por la que los
jubilados y pensionados están reaccionando en el mundo para exigir reformas que
detengan la erosión permanente que sufren las pensiones. A esta reacción, la
cual debe profundizarse, al salir de la pandemia, es lo que denominamos la
revolución de los jubilados.
Numéricamente
los jubilados y pensionados constituyen una fuerza mundial y un poderoso factor
de presión social. Sin su fuerza y su empoderamiento en el ejercicio de
derechos ciudadanos, los regímenes pensionales ya hubiesen sucumbido por la
fuerza, económicamente más importante, de quienes consideran que las pensiones
y el cuidado de la salud, deben ir a parar a un mercado en el que se compran y
se venden cual producto cualquiera.
No tenemos
ninguna duda que los regímenes de jubilaciones y pensiones de todas partes del
mundo deben reformarse para hacerlos seguros, confiables y permanentes. Que la
responsabilidad individual por la protección social debe estimularse al máximo.
Que las vías complementarias son urgentes y necesarias. Pero, la cuestión
central en materia pensional en nuestros días, clave en la revolución de los
jubilados, es la del ajuste de las pensiones ante la pérdida del poder
adquisitivo de las mismas.